Lejos de ser una forma restringida de matrimonio, el proyecto que dictaminó la mayoría de la Comisión de Legislación General es un contrato casi comercial, un compendio de discriminaciones y desprolijidades, a las que pretende elevar a la categoría de regulación estatal. Así lo aseguraron juristas, políticos y activistas de la diversidad desde que, a última hora del martes, comenzó a correrse el velo del misterioso dictamen “alternativo” que Liliana Teresita Negre de Alonso y otros ocho senadores habían prometido sería “revolucionario”. A excepción de la maternidad y la paternidad, “todos los demás derechos del matrimonio están contemplados” en ese proyecto consensuado, aseguró una y otra vez Negre ante los micrófonos. Sin embargo, los juristas no opinaron lo mismo: la propuesta no contempla la protección económica y legal que implica el matrimonio ni la existencia de bienes gananciales, impide la descendencia (adoptada o nacida gracias a técnicas de fertilización asistida) exclusivamente a parejas homosexuales y permite que los empleados públicos aleguen “objeción de conciencia” para excusarse de participar en “actos jurídicos o administrativos” relativos a la unión civil. El proyecto “no pone en igualdad de condiciones al unido civilmente con la persona casada”, señaló el abogado de la Federación Argentina LGBT (Falgbt), Gustavo López. En el mismo sentido se expresó el jurista Andrés Gil Domínguez: “Han querido hacer algo parecido al matrimonio en términos de protección social sin que sea igual y negando la posibilidad de conformar familia en términos de descendencia”.
Las reacciones y críticas se multiplicaron. “Consagración legal de la discriminación”, “inaceptable”, fueron algunas de las calificaciones que se ganó el proyecto consensuado por senadoras y senadores opuestos a la ampliación del matrimonio civil. Se trata de un texto que “en realidad reafirma la situación de discriminación que actualmente padecen estas familias, es una suerte de reconocimiento normativo de la discriminación” simbólica y concreta, además de obstaculizar a futuro la formación y protección de “la descendencia”, afirmó el jurista Andrés Gil Domínguez. “Estamos luchando contra la discriminación y vienen a legalizarla”, tanto que la propuesta inclusive “restringe derechos que hoy ya tiene la comunidad homosexual, como el acceso a la reproducción asistida”, criticó la diputada Vilma Ibarra, una de las más férreas defensoras del proyecto que ya cuenta con media sanción. La propuesta “no resiste el test de constitucionalidad”, aseguró el secretario general de la Federación Argentina LGBT, Esteban Paulón, mientras que la presidenta de la entidad, María Rachid, evaluó que además de obstaculizar la protección de familias futuras, “ordena por fuerza de ley la desprotección de los niños y las niñas de esas familias que ya existen”. Sosteniendo idénticas observaciones, el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti, resumió en una palabra su opinión sobre el texto que nueve senadoras y senadores de la Nación proponen legalizar: “Indigno”.
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