El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, advirtió que el gobierno de Mauricio Macri "tiene una tendencia a resistir, de distintas maneras extrajurídicas, las sentencias que no le resultan cómodas".
El magistrado apuntó que "varias de las medidas que adopta (el GCBA) constituyen técnicas de intimidación, de disciplinamiento", y puso como ejemplo "las pretendidas modificaciones procesales, las recusaciones masivas, la denuncia del Gobierno ante el Tribunal Superior por un conflicto de poderes, entre otras acciones del Ejecutivo".
Gallardo criticó la reacción del gobierno macrista ante el reciente fallo de la jueza Andrea Danas, que prohibió el uso de las pistolas Taser por parte de la Policía Metropolitana y cuestionó la idea surgida del Ejecutivo de realizar una consulta popular.
"Desafiar la sentencia de un juez intentando mover a la sociedad civil para derogarla es un alzamiento extrajudicial", sostuvo el magistrado en donde señaló, además, que "hay una nueva generación de jueces que supera al modelo tradicional, ortodoxo, formalista, aséptico, ideológico".
"Ese modelo está siendo sustituido por el de jueces comprometidos con su tiempo, con la problemática que los rodea, un juez que se humaniza, que puede ser visto, que puede ser tocado y no por eso perder la magistratura", afirmó Gallardo.
El juez sostuvo que "esta no es una transformación que se da únicamente de abajo hacia arriba. También acompaña un cambio de modelo que viene desde la propia Corte Suprema. En el fuero vivimos la transformación de la composición de la Corte y eso nos da una gran posibilidad histórica de acompañar esta propuesta de cambio de paradigmas".
"Percibimos desde la Corte Suprema un claro mensaje para cambiar las prácticas judiciales", afirmó, al tiempo que recordó que el fuero donde actúa "tiene entre su competencia la resolución de amparos y el dictado de medidas cautelares por decisiones u omisiones del Poder Ejecutivo y del Legislativo".
Respecto del control judicial de los actos de gobierno dijo que "la Constitución de la Ciudad incorporó la figura del amparo, que es muy generoso" lo que "plantea un marco de acción muy amplio, que se encadena con una cláusula de operatividad, que hace que nuestra labor sea muy importante en materia de medidas cautelares, sobre todo en lo vinculado con derechos sociales".
"Los poderes políticos están atados a las cláusulas constitucionales y ahí aparece nuestra función de velar por el acabado cumplimiento de los derechos sociales y de los derechos en general. El criterio de control en sumamente amplio", concluyó.
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