El 9 de diciembre pasado ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que tiene la firma de Alicia Andreozzi y Horacio Avila, de la ONG Proyecto 7. Es producto del trabajo de más de una decena de organizaciones, de profesionales especializados en la problemática y de las discusiones que se dieron en la Comisión de Ciudadanía Plena de la Legislatura. La iniciativa considera personas en situación de calle a quienes habiten en ella o en espacios públicos sin acceso a la red de albergues, así como también a aquellos que los utilicen. Y contempla además a los ciudadanos que corren el riesgo de perder su casa por desalojos inminentes, por habitar en viviendas precarias o que se encuentran alojados en instituciones penales, de menores o médicas.
La diputada nacional Liliana Parada, de Proyecto Sur, que denunció las prácticas violentas de la UCEP y sufrió un acto de intimidación cuando un desconocido atacó a su madre en mayo del año pasado, sostiene sobre el proyecto: “Es bastante ambicioso. Recupera el espacio público, al que llamamos espacio común. Queremos apoderarnos de este término, que es el que nos robaron. En el espacio público está la gente en situación de calle que genera peligro y la que no está, tiene miedo y no sale a la calle. Hay organizaciones con gente en situación de calle y otra que no, como el caso de las ollas. Se está planteando superar el tema de dar comida. La ley va a poner en debate determinadas cuestiones que están tapadas”.
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