Soja para hoy, hambre para mañana

Si bien el Censo Agropecuario Nacional 2008 aún no fue publicado oficialmente por el INDEC, este fin de semana hubo un adelanto del mismo, cuyos resultados no son para nada alentadores.

En efecto, según el estudio, en el período 2002-2008 se perdieron 57.000 explotaciones agropecuarias, es decir un 17 por ciento del total.
Sin embargo, esto no quiere decir, como no se cansan de vociferar Biolcati, Buzzi, “Minga” De Angeli y sus secuaces, que “el campo” esté en crisis, ya que los números de rentabilidad muestran lo contrario.
Lo que sí quiere decir es que en el campo, como en tantos otros sectores de la economía argentina, se produjo un acelerado y continuado proceso de concentración productiva que llega hasta nuestros días.
Y en este caso, el sector del campo beneficiado fue el agroexportador (hoy hegemonizado por los grandes productores de soja).
De esas 57.000 explotaciones que cerraron en todos estos años, una gran mayoría eran medianas y pequeñas, muchas de ellas familiares.
El proceso de sojización que atraviesa el sector agropecuario argentino comenzó en la década de los noventa, con el permiso otorgado al cultivo transgénico por el entonces Secretario de Agricultura Ganadería y Pesa del Gobierno de Carlos Menem, Felipe Solá. Y nunca se detuvo.
De hecho, este Gobierno y su antecesor han sido fieles socios del complejo agroexportador sojero, al que le otorgaron innumerables beneficios. No podemos desconocer que de ahí sale la gran mayoría de los fondos para los planes sociales.
A no engañarse: la fallida Resolución 125 no fue un intento de revertir ese proceso, ni mucho menos: fue un intento de cobrarles un poco más a quienes se dedican al cultivo de soja.
Ese proceso de sojización implica, por un lado, que cada vez se destinen más tierras cultivables a la producción de soja, en desmedro de la carne, la leche, el trigo. O sea, de los alimentos básicos que consumimos los argentinos/as. Esa menor oferta empuja hacia arriba los precios de esos productos alimentarios básicos, perjudicando, sobre todo, a los sectores más vulnerables.
Por otro lado, la sojización implica un serio riesgo para la salud de millones de argentinos que se ven sometidos a la fumigación del glifosato, veneno fabricado y comercializado por la multinacional Monsanto y utilizado para el cultivo del yuyo en cuestión.
El poder económico y político de este sector no es para nada despreciable y quedó claramente demostrado en el bloqueo que logaron de la Resolución 125, momento en el que el monstruo creado y alimentado por todos los gobiernos desde mediados de los noventa pareció volvérsele en contra a sus creadores.
Sin embargo, teniendo en cuenta los perjuicios que acarrea para todos los argentinos/as la concentración de tierras y de producción, ¿Hasta cuándo el Gobierno nacional va a postergar una profunda reforma del sistema agropecuario, que lo torne más equitativo, más democrático, menos regresivo, menos concentrado y que sustente a las pequeñas producciones, que son las que garantizan la soberanía alimentaria del país? ¿Cuánto va a tardar el Gobierno en detener el proceso de concentración y sojización del campo argentino?
Los argentinos/as seguimos esperando.