Por Laura Vales
El titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, reconoció que fueron integrantes de su gremio los que se enfrentaron con los tercerizados y la militancia de izquierda. Admitió también que lo hicieron para impedir que cortaran las vías, pero defendió lo hecho con un argumento de antología: “Los trabajadores defendieron sus fuentes de trabajo”. Por supuesto, negó que los autores de los disparos pertenecieran a su sindicato.
Desde el gobierno nacional, que salió a repudiar el asesinato y la violencia sindical, hubo una promesa de esclarecer quiénes fueron “los autores materiales e intelectuales del hecho”. Aunque la actuación de la Policía Federal –específicamente, que no haya intervenido para impedir la violencia, ni haya detenido a los agresores– generó más de una duda entre los funcionarios, no hubo declaraciones que hicieran público el malestar con el rol de la policía.
Hoy habrá una marcha a la Plaza de Mayo convocada por la izquierda y un paro nacional, que coincidieron en llamar los dos sectores internos de la CTA.
Morir por participar de una manifestación sindical, y en el marco de una pelea entre gremios, era algo inimaginable, un hecho no pensado como posible, más bien cosa de otra época. Sin embargo, en los últimos años una serie de episodios de creciente violencia sindical se han venido sucediendo: las patotas de la Unión Tranviarios Automotor contra la organización de los trabajadores del subte, los grupos de la Uocra contra los desocupados que armaron cooperativas de la construcción, las amenazas de la UTA para impedir que los choferes alineados con la CTA realizaran una protesta en la terminal de Retiro fueron algunos de ellos. En muchos de estos casos se había denunciado la ostentación de armas. Nadie podía haberlo tomado demasiado en serio, hasta ayer.
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