Números
Hay alrededor de 20 empresas que tercerizan servicios para los ferrocarriles, e involucran a unos 1.500 trabajadores. “Esas empresas pagan salarios de entre 2.000 y 2.500 pesos, pero un ferroviario cobra entre 5.000 y 8.000. La diferencia se la facturan al Estado y se la quedan las empresas concesionarias, repartiendo con las contratistas y con la burocracia sindical. Mojan todos”. Calculando esa diferencia que plantean los trabajadores en unos 2.000 pesos por cabeza, como mínimo, con un total de 1.500 mujeres y hombres en esa situación, la bolsa a repartir alcanza los 3.000.000 (tres millones) de pesos mensuales, que explican la virulencia sindical que, al no contar para estas cosas con respaldo expreso de los trabajadores agremiados, contrata barrabravas para atacar a los trabajadores. Los tres millones pertenecen exclusivamente al rubro salarial de las tercerizadas, tal vez una migaja del negocio mayor, por el que las concesionarias reciben poco más de 100 millones de pesos mensuales por parte del Estado, además del pago de todos los sueldos del personal de planta.
“El otro tema” plantea Marcelo Ramal, “es el de las condiciones laborales, que también son totalmente diferentes. El ferroviario está protegido por un convenio de trabajo. Los tercerizados no tienen defensa alguna, y por la misma tarea cobran la mitad, pero trabajan el doble. Y no entran a la Unión Ferroviaria, sino que quedan en gremios como la UOCRA o incluso Empleados de Comercio. La burocracia no lucha contra esto, porque es la esencia del negocio que armaron”.
¿Eso es una certeza o una sospecha que no se puede probar? Ramal: “Es la certeza que tiene cualquier trabajador ferroviario al cual le pregunten”.
Un detalle que muestra que la trampa está lejos de ser un secreto: la Cámara Laboral en un fallo reciente ha explicado que “los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación”. Agrega: “Resulta evidente la presencia de una forma particular de fraude dado que las empresas son interpuestas por el empleador directo con el fin de simular una relación fragmentada de trabajo con el consecuente perjuicio para el trabajador”.
La nueva situación
Pero toda esta situación está mutando en los últimos meses, debido a un nuevo elemento en juego, según Ramal: “Si la burocracia era renuente a la efectivización de los compañeros, ahora directamente no quieren saber nada, en alianza con la empresa, porque el gobierno está yendo hacia un reajuste progresivo de las tarifas y una reducción de los subsidios. Para entender la situación, con la crisis del 2001 y 2002 el gobierno lo único que hizo fue plantear que los concesionarios debían mantener las tarifas congeladas. Estos respondieron que así perderían la rentabilidad de los tiempos de Menem. El gobierno contestó: la diferencia la ponemos nosotros. ¿Qué está pasando ahora? El gobierno por diferentes cuestiones está intentando la eliminación progresiva de los subsidios. Eso liquida la bolsa de plata que alimenta todo este negocio de las mercerizadas. Entonces no quieren incorporar a trabajadores efectivos porque en realidad lo que se viene es el despido de más trabajadores tercerizados”.
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