Los locales estaban ubicados a lo largo de dos cuadras sobre la Avenida Rivadavia, entre José Léon Suárez y General Paz, paralelos a las vías del ex ferrocarril Sarmiento. Durante la medianoche del martes último, los efectivos de la Metropolitana y algunos empleados municipales comenzaron con el desalojo y el desarmado de los puestos.
Los puesteros intentaron resistir el desalojo: quemaron neumáticos y arrojaron piedras, huevos y tomates contra los policías. Luego, cuando se colocaron los vallados metálicos, se iniciaron los violentos incidentes. Personal no identificado del gobierno porteño que portaba palos agredió a los comerciantes.
El resultado: cuatro policías y cuatro municipales heridos, y siete puesteros detenidos, anunció el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a Radio 10. Por la mañana, topadoras del gobierno porteño terminaron con la demolición de los 20 locales sobre la avenida Rivadavia.
Rodríguez Larreta explicó que los puestos de venta estaban apostados sobre la vereda, en una zona de paradas de colectivos, lo que obligaba a la gente a esperar los ómnibus en la calle. También aseguró que los locales desalojados "no estaban habilitados" ni guardaban "condiciones de seguridad mínima".
"Acá se combinaban todos los problemas juntos, no sólo por la falta de habilitación sino de que se había construido sobre la vereda y eso generaba un peligro para la gente que esperaba los colectivos", sostuvo el funcionario, según la agencia DyN.
"Todo mal. No existía ninguna habilitación, estaban totalmente ilegales, por eso se desalojaron, y se tiraron abajo", comentó por su parte el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quien agregó que los puestos "no tenían ningún permiso y existían problemas bromatológicos, porque algunos vendían comida sin tener habilitaciones".
Rodríguez Larreta acudió al lugar de los hechos y prometió que se investigará si detrás de la instalación de los puestos ilegales "había una mafia", ya que trascendió que una persona presuntamente alquilaba los precarios locales callejeros en plena vereda.
El corredor comercial habría sido administrado por Omar Buchacra, un ex concesionario del Club Atlético Boca Juniors que estaba enemistado con Macri cuando aún presidía el club, según el diario Ámbito Financiero . Buchacra cobraría 3.000 pesos mensuales de alquiler por los puestos, que controla desde hace cuatro años y tienen servicios de luz, agua potable y gas de garrafa.
Fuente: Diario Perfil
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